JUSTICIA
E INSTITUCIONALIDAD

Una de las demandas más importantes y urgentes de la ciudadanía dominicana es la de acabar con la impunidad histórica que ha protegido a la clase política, como medida necesaria para poner fin a los altos niveles de corrupción que caracterizan al estado dominicano. Para ello nos proponemos impulsar una reforma constitucional con aprobación de la ciudadanía mediante referendo aprobatorio para implementar las siguientes transformaciones:

1. Dotar de independencia al Ministerio Público. Esto requiere que la elección del Procurador General de la República sea hecha por el Congreso Nacional (no por el Presidente como se hace actualmente) y para un período de tiempo fijo, de modo que tenga independencia frente al presidente de la República y pueda estar en condiciones de investigar las denuncias y escándalos de corrupción que surjan contra cualquier funcionario público.

2. Reestructurar la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, el órgano que nombra a los jueces de las altas cortes y que actualmente es controlado por el partido de gobierno. Se necesita un mayor equilibrio político en la composición de este órgano para que la selección de jueces sea el producto de un consenso real de las diferentes fuerzas políticas, atendiendo a los méritos y el desempeño de los postulados y no el resultado de la conveniencia particular de los intereses del presidente de la república como ha sucedido en las últimas décadas.

3. Eliminar el Senado y crear un Congreso Unicameral, menos costoso y más democrático. La función del Congreso consiste en legislar, fiscalizar y representar al pueblo dominicano. Es posible hacer estas funciones de manera legítima, eficiente y eficaz con una sola cámara, como se hace en numerosos países de Latinoamérica y el mundo. El Senado de la República le costará al pueblo dominicano un total de 2,452 millones de pesos en el año 2019, recursos que podrían ser mejor invertidos en áreas que tengan un impacto directo en la vida de la gente, como en servicios de salud, mejoras salariales de médicos, policías y maestros, acceso al agua potable o a una vivienda digna.

Otras reformas importantes dirigidas a disminuir la corrupción y fortalecer la institucionalidad democrática tienen que ver con la calidad del presupuesto nacional. En esa línea asumimos abogar por las siguientes medidas:

4. Eliminación de fondos en el Congreso para el barrilito, el cofrecito y otros, que son inconstitucionales y fomentan el clientelismo. Es preciso sacar del presupuesto asignado al Congreso Nacional miles de millones de pesos que son utilizados para promover el clientelismo político con recursos públicos disfrazado de “ayudas sociales”. No es función del Congreso Nacional realizar dádivas a la ciudadanía en navidad, semana santa o el día de las madres. Estas partidas deben ser asignadas al Ministerio de Salud Pública u otros ministerios correspondientes para atender las necesidades de la población en todo el territorio nacional.

 

5. Aumento del presupuesto del Poder Judicial.  Nuestro compromiso es trabajar para lograr un aumento sostenido de los recursos que son asignados al Poder Judicial para lograr fortalecer la labor de la justicia.

6. Poner un alto al endeudamiento público irresponsable y proponer una auditoría de la deuda pública acumulada durante los últimos 20 años por los gobiernos del PLD y el PRD. Importantes inversiones públicas de los últimos 20 años tales como la compra de los aviones super tucanos o las 17 grandes obras de construcción asignadas a Odebrecht fueron financiadas con endeudamiento público que estamos pagando todos los dominicanos y dominicanas de nuestros impuestos. Con posterioridad se ha podido demostrar en justicia que para las mismas se ofrecieron grandes sumas en sobornos que fueron pagados a funcionarios con el dinero de las sobrevaluaciones en dichas obras o proyectos. Este negocio turbio hace que muchas de esas deudas puedan considerarse ilegales e ilegítimas y por tanto no tener que ser saldadas por el pueblo dominicano sino por los funcionarios corruptos que se beneficiaron de las mismas.

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