SEGURIDAD CIUDADANA Y DERECHO A LA CIUDAD

El problema de la inseguridad ciudadana no se resuelve con medidas de carácter represivas cada vez que cíclicamente y de manera más frecuente se levantan nuevas olas de delincuencia. Hasta ahora, lo único que han sabido hacer las autoridades cuando esto sucede ha sido militarizar las calles y los barrios como medida paliativa que logra frenar la ola por unas semanas o meses hasta que vuelve y toma fuerza la siguiente ola.

El auge de la delincuencia es un problema social muy complejo, y como tal, abordarlo de manera eficaz requiere de políticas públicas integrales y asertivas que vayan a la raíz del problema y permitan combatirlo hasta erradicarlo en el corto, mediano y largo plazo. Otros países lo han hecho, nosotros podemos también. Para hacerlo necesitamos un nuevo enfoque que pasa por los siguientes pasos:

1. Poner fin al reino de la impunidad. Esto aplica tanto para los casos de corrupción de alto nivel, que influyen en las normas culturales de lo que es permitido o no en nuestra sociedad, como en la delincuencia común. Para dar seguimiento a esto, desde el Congreso nos proponemos fiscalizar la labor del Ministerio Público. Porque mientras el peso de la ley no se aplique a los autores de crímenes y delitos, la delincuencia no encontrará límite. Los autores de casi todos los implicados en casos mediáticos de asaltos y homicidio tienen récords criminales, pero no fueron procesados o no cumplieron su condena. Eso no tiene justificación.

2. Reducir la brecha de desigualdad social. Para esto se necesita más empleo y mejores salarios. La mayoría de los autores de crímenes y delitos suelen ser muy jóvenes, y surge la pregunta ¿Qué sociedad hemos creado en la que un joven de 18 o 20 años decide salir a delinquir en lugar de encontrarse estudiando, emprendiendo un proyecto o trabajando? Por eso nuestro compromiso es abogar desde el Congreso para aumentar las partidas del presupuesto nacional dedicadas al acceso de la juventud a espacios de educación, cultura y deportes, así como apoyar un aumento integral del salario mínimo, para que este garantice una vida digna.

3. Promover desde el Estado un cambio cultural. Tenemos una sociedad en la que el valor delas personas va asociado a su posesión material. Se rinde culto a la riqueza y la abundancia sin importar cómo se ha obtenido, y se exhibe en un entorno de mucha pobreza y carencias. El cambio de cultura que proponemos debe enseñarnos a valorar la vida y el ser por encima de la riqueza, el derroche y los excesos. Debe fomentar el reconocimiento de que todos y todas formamos parte de esta gran comunidad que somos como nación y, por lo tanto, cada persona merece respeto a su dignidad y oportunidades para salir adelante.

4. Garantizar el derecho a la ciudad. La ciudad no se puede disfrutar y vivir en dignidad mientras tengamos miedo de salir a caminar a las calles, a recrearnos o hacer ejercicio al aire libre, en los parques, las plazas o las principales avenidas. Por eso impulsaremos herramientas legales que le permitan al Ayuntamiento y a la ciudadanía defender las zonas verdes y espacios libres de la ciudad, así como exigir que existan suficientes y que se encuentren en buen estado, con un apropiado mantenimiento. Esto incluye trabajar en la aprobación de una Ley Nacional de Urbanismo, Uso de Suelo y Ordenamiento Territorial.

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